A pie de calle: ¿Ha trabajado en negro?

11 03 2010
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La salvación no es el negro

10 03 2010

Por Josep Rubio y Jerónimo Giorgi

Así como a partir de los síntomas se descubren las enfermedades, en la economía informal, y particularmente en el empleo irregular en España, no siempre las estadísticas garantizan una atinada lectura del panorama. El gobierno español y Bruselas estiman que, ante la destrucción de puestos de trabajo que ha acarreado la crisis, ha aumentado el empleo irregular. Otras voces, de sindicatos y expertos, opinan que en España la crisis ha fagocitado por igual la ocupación regular y la sumergida.

Una aproximación sobre el número de trabajadores irregulares en España se obtiene restando el número de ocupados de la Encuesta de Población Activa (EPA) al número de afiliados de la Seguridad Social. Según este cálculo, durante el 2008, casi un millón de personas dejarían de estar afiliadas a la Seguridad Social, y la cifra de empleados en negro aumentaría en un 20% respecto al 2007. Esto quiere decir que más de un cuarto de millón de trabajadores pasaría a trabajar sin contrato.

Sin embargo, si se reproduce el cálculo en 2009, no se repite la fórmula que asocia la caída del empleo regular con el incremento del trabajo en negro. Durante este año, otras 700.000 personas se dieron de baja en la Seguridad Social y el empleo en negro, lejos de servir de flotador económico, caería estrepitosamente en un 35%, dejando sin trabajo –aunque precario, sin duda trabajo- a más de medio millón de personas (ver gráfico).

Con los datos observados, la crisis resta trabajadores regulares y los suma al mercado negro, que a corto plazo, logra mantener a flote a muchas familias. Sin embargo, cuando la crisis se alarga, los trabajadores en negro también caen en la espiral de desocupación, si cabe, más virulenta que la de la economía regular.

En proporción, el golpe ha sido mucho más duro para los trabajadores en negro: uno de cada tres ha perdido su puesto. El trabajo sumergido no está cumpliendo la promesa de servir de muleta a los más necesitados. A ello se le suman los problemas de siempre del trabajo en negro: desprotección del trabajador, competencia desleal y fraude a las arcas públicas, en un momento en que para el Estado, todos los recursos son pocos para enfrentar la crisis.

De alargarse la crisis, podría seguir el declive del trabajo sumergido, y más teniendo en cuenta que España ya no es un destino atractivo para los inmigrantes irregulares que alimentan buena parte de la economía informal. En un hipotético contexto de recuperación económica, algunos empresarios poco preparados para afrontar las obligaciones de la legalidad podrían ver viable invertir en trabajo irregular, lo que a su vez podría reactivar los flujos de inmigración y reproducir los problemas endémicos de la economía informal.

Para ese momento, conviene ser conscientes de los problemas de estructura económica y social que definió, hace un siglo, Max Weber. Según el prusiano, las sociedades del norte de Europa están constituidas por protestantes apegados al trabajo y acostumbrados a la cooperación. De esta manera se han generado estructuras políticas de consenso social, donde el Estado garantiza el bienestar. Estos países presentan sociedades más igualitarias, con impuestos altos y basadas en una cultura que respeta y asume las normas.

Por su parte, y siempre según Weber, el sur tiene una concepción cortoplacista e individualista. Los individuos meridionales buscan enriquecerse de la noche a la mañana. Componen sociedades menos dispuestas a cumplir con las normas, con estados más débiles y menos impuestos. El concepto de estado benefactor se suaviza y está socialmente menos mal visto defraudar al fisco.

Para cuando la crisis amaine, las sociedades de países del sur deberán aplicarse en aprender de sus socios del norte. Y no sólo sus gobernantes, también sus contables, sus electricistas, sus mujeres de hacer faenas. Para que cuando la próxima tormenta aparezca, exista un estado capaz de capearla, sin esperar que la salvación surja de los sobres negros.





Uno de cada cuatro euros en Cataluña proviene de la economía informal

10 03 2010

Por Jerónimo Giorgi

Según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) la economía sumergida asciende al 22,3% del PIB. Este informe estima que las transacciones no declaradas suman en Cataluña 43.530 millones de euros.

Este colectivo ha presentado un informe en el que recomienda medidas para el nuevo Plan Antifraude que prepara el Gobierno. Según el sindicato, si se aplicasen estas medidas en la demarcación de Barcelona, se reduciría el fraude en un 10%, lo que aumentaría en 5.300 millones la recaudación. Estos datos situarían el PIB informal de la capital catalana a niveles europeos

 

Al nivel de las comunidades autónomas, las regiones que registraron menor porcentaje de economía sumergida fueron Extremadura y las Islas Baleares, con una tasa del 19,2%; mientras La Rioja presentó el mayor porcentaje, con el 31,4%. Cataluña se encuentra entre las comunidades con menos economía sumergida. A nivel provincial, Tarragona presenta el mayor fraude fiscal con el 29%, mientras Lleida, con un 13,8%, fue la que registró menos fraude.

El informe de GESTHA propone incorporar medidas que deberían ser incluidas en el Plan de Lucha del Gobierno, como la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda que permitiría aumentar considerablemente las actuaciones de control tributario. El sindicato estima que, aplicando su plan contra el fraude, la Agencia Tributaria podría reducir la economía sumergida en España sustancialmente, aumentando en unos 38.500 millones de euros la recaudación del Estado.

Economía sumergida en Cataluña por provincias en 2009

Provincia Tasa estimada de econ. sumergida (%) PIB sumergido  (en millones de euros)
Barcelona 22,1 32.104
Girona 13,8 2.617
Lleida 26,7 3.013
Tarragona 29 5.794
Total 22,3 43.530




Crisis y empleo irregular, ¿una relación evidente?

10 03 2010

Por Jaime Fernández-Inclán y Brais Benítez

Son las cuatro de la tarde,  Raúl Pagalday recoge piezas de ortodoncia en un almacén cercano a Llacuna. Deberá llevarlas en moto hasta Santa Coloma, Badalona y Esplugues. A sus 23 años, trabaja 15 horas semanales para sacarse 450 euros al mes, de los cuales 60 debe destinarlos a gasolina. Al igual que miles de trabajadores en España, Raúl no tiene contrato. Si lo tuviese cobraría menos, aunque podría cotizar y disfrutar de baja laboral cuando tuviese un accidente. Hacer tantos kilómetros en moto por Barcelona tiene sus riesgos, y ya ha tenido más de uno. “Sé que me la juego pero con contrato ganaría bastante menos, sobretodo teniendo en cuenta los gastos de gasolina y aceite para la moto.”

El pasado 13 de enero, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, situaba la economía sumergida entre el 16 y el 20% del PIB de España, y reconocía que las actividades irregulares se han incrementando “sin duda” en tiempos de crisis, ya que el trabajador “por su necesidad, no le importan tanto las condiciones en las que se le ofrece un trabajo”. Ante las protestas de su compañera en el gobierno, Elena Salgado, Corbacho dio marcha atrás, asegurando que esas cifras no son del todo fiables, puesto que no son científicas ni forman parte de ningún banco del gobierno, sino que pertenecen a organismos europeos (la OTI y el Deutsche Bank) que no distinguen las características de cada país. El ministro manifestó a TVE, que ni mantiene ni desmiente sus afirmaciones, pero reconoció que los datos sumergidos “no se pueden calcular”.

Según Daniel Garrell, del Centre d´Estudis i Recerca Sindicals (CERES) de CC.OO, la economía sumergida “va de la mano” de la economía formal, y cuando una cae, la otra también. El empleo en negro “es el primero en desaparecer”, puesto que un trabajador sin contrato es más fácil de despedir. Así mismo, Garrell argumenta que la mejor manera de obtener una cifra aproximada del número de trabajadores en negro es calculando la diferencia entre la población ocupada y el número de afiliados a la Seguridad Social. Una vez analizados, los datos corroboran su hipótesis. Mientras en el 2008 esa diferencia representaba cerca del 8% de la población ocupada total, en el 2009 ese porcentaje se redujo hasta poco más del 5%. Es decir, según estos datos, el trabajo en negro ha disminuido con la crisis económica.

El sector que más sufre el trabajo irregular es el servicio doméstico, ya que al no existir una regulación oficial, se encuentra más desprotegido. En él trabajan especialmente mujeres inmigrantes, a menudo sin papeles, que no pueden permitirse reclamar a su empleador. Como manifiesta Janette Vallejo, de la Associació d´Ajuda Mútua d´Inmigrants a Catalunya (AMIC-UGT), uno de los problemas a los que se enfrentan los inmigrantes sin papeles que trabajan en negro es que no pueden acceder a ningún tipo de formación, lo que dificulta enormemente el poder alcanzar mejores trabajos. Al igual que en el caso anterior, los datos de su asociación refuerzan la tesis de la bajada del empleo en negro. “El año pasado teníamos unos datos que indicaban que el 42% de los afiliados a AMIC tenían contrato, mientras que el 15% no. Este año la cifra ha bajado hasta el 12%”, comenta Vallejo.

El sector de la construcción, al igual que el hostelero, tradicionalmente ha aglutinado un gran número de trabajadores en negro. Las características laborales del sector favorecen el empleo temporal, ya que normalmente se contratan los obreros para obras concretas. Germán González, secretario de comunicación de la Federació d’Indústries de Construcció i Fusta de Catalunya, señala que en este momento se está aprovechando “el parón” del sector para fortalecer la normativa y evitar la situación de los años anteriores en que “prácticamente todo valía”, con un alto número de subcontratas que dificultaban el control sobre los trabajadores. González sostiene que mientras sí que ha aumentado la gente que, teniendo contrato, hace horas extras en negro, el trabajo informal ha bajado con la crisis del sector.

Como vemos, existe una gran disparidad de opiniones en torno a la influencia que ha tenido la crisis en el trabajo en negro. Mientras desde las instituciones europeas y gubernamentales se apoya la tesis de que el empleo irregular ha crecido, los datos analizados y la opinión de los sindicatos y las asociaciones consultadas apuntan a un descenso de esta actividad, aunque prevén que con la estabilización de la economía vuelva a repuntar, ya que las empresas podrían apoyarse en el trabajo en negro hasta que la situación se estabilice, y puedan comenzar a contratar personal. Y es que aunque a largo plazo suponga un problema, a corto es otra historia. Para muchos, la contratación irregular es una opción que no pueden, ni quieren, dejar pasar.





“Si se reprime el empleo irregular hay que ofrecer alternativas”

10 03 2010

Entrevista a Alberto Recio Andreu, experto en economía laboral

Por Fabiola López Marín

El Doctor Albert Recio Andreu es profesor titular de la Facultad de Económicas en la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de numerosas investigaciones,  ha publicado una gran cantidad de ensayos y artículos en revistas especializadas. Es, además, vice-presidente 1ro de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona, tras casi 30 años de incansable participación en la Asociación de Vecinos de Nou Barris.

  ¿Qué impacto tiene el empleo sumergido en la economía española?

La gente que trabaja en negro tiene salarios bajos, malas condiciones, no tiene seguridad social, pero esto a su vez es lo que ayuda al resto de sectores. Es verdad que, algunas empresas se ven más favorecidas que otras, pues, al tener menos gasto en personal también tienen mayores ganancias. Si hay empleo negro, por ejemplo, en el sector productivo del textil clandestino, y luego, la distribución comercial, de grandes marcas, acaba teniendo acceso a mercancía más barata, aumentarán sus beneficios. Por tanto, está claro que la economía nacional no sufre, y que hay distintos intereses. Los que se llevan la peor parte son los que no tienen derechos.

Con la crisis, ¿ha aumentado en España el empleo irregular?

 No se puede afirmar que este fenómeno aumente en época de crisis, porque cuando se cierran empresas, se pierden empleos regulares y en negro. Quizá en países latinoamericanos si ocurra de esa manera, pues tienen como principal salida de supervivencia la economía informal. En Europa existen mecanismos de seguridad, como la posibilidad de cobrar el paro, que atenúan un poco más la situación.

¿En cuánto se estima actualmente el empleo negro en España?

Medirlo es complicado, depende de lo que se quiera estimar. Una cosa es el empleo sin seguridad social y otra el fraude fiscal. Hay una bolsa de actividades no declaradas de diversos tipos: personas que trabajan en negro a domicilio, domesticas, paletas, cuidadores de enfermos o ancianos, canguros, etcétera; también existen los que tienen un contrato a tiempo parcial y laboran a tiempo completo cobrando una parte en negro; los que trabajan de manera intermitente, unos meses con contrato y otros en negro; quienes tienen un sobresueldo, y quienes usan los papeles de otros para trabajar. Así que, es muy difícil tener una estimación clara que globalice todo el empleo negro. Hay algunas cifras, pero considerarlas en conjunto sería como sumar peras con nabos, y posiblemente esto no sería tan importante para la economía.

Y ¿cómo ha evolucionado este fenómeno en la última década?

Creo que ha habido mucha tolerancia durante largo tiempo. Por ejemplo, la enorme dependencia que tenía la economía española del sector de la construcción le hacía temer al gobierno que si se metía muy duro con los constructores, que son claramente un espacio de dinero negro, podrían parar el crecimiento económico, como al final ha ocurrido. Por otra parte, los cambios demográficos (el hecho de que la población se hace mayor) también ha abierto más posibilidades para los servicios domésticos en negro. Está claro que, en la última década, se ha permitido la llegada de inmigrantes sin derechos, que acaban trabajando de manera irregular en: servicios domésticos, hostelería, construcción, talleres clandestinos, agricultura, construcción, etcétera. Y esto ha quedado reflejado en la regularización del 2005.

Entonces, ¿son los inmigrantes los más propensos a caer en el empleo negro?

No todos, pero los sin papeles sí, porque no tienen derechos. Y aquí se nota que el problema no es el empleo negro en sí mismo, sino el modelo económico-social que tenemos. Habría que tomar en cuenta que la recaudación fiscal es baja en comparación con la de otros países, y la distribución de la renta no es equilibrada.

¿Qué se ha hecho en España para combatirlo?

En los últimos 30 años, ha habido una demanda continua por parte de los sindicatos y de la izquierda, para que se ejerza un mayor control, pero también ha existido una enorme tolerancia fiscal  y de trabajo por parte del gobierno. No es que no se haga nada, pues sí se ha aumentado la recaudación fiscal y se hacen inspecciones de trabajo. En algo hemos avanzado, se van pescando cosas. Pero se debería comenzar a controlar desde arriba hacia abajo. Primero a las grandes empresas, y seguir con las pequeñas que están por debajo.

¿Por qué cree que  el gobierno es tan tolerante?

Si se reprime el empleo irregular hay que ofrecer alternativas. Por ejemplo, en el caso de la gente que trabaja cuidando ancianos y enfermos a domicilio, al combatirlo, habría que ofrecer más centros que presten el servicio, es decir, habría que mejorar las políticas de la seguridad social de la población,  y para pagar eso, se tendrían que cobrar más impuestos y acompañar con una redistribución más equilibrada de la renta. Ese es por ejemplo, el caso del modelo sueco. En tal sentido, en España no hay ningún partido político grande que esté dispuesto a asumir un debate serio para aumentar impuestos que permitan cubrir la demanda de servicios de la sociedad. Tampoco hay más dinero para mejorar las condiciones de vida de toda la gente que trabaja en negro. Al final, acabas no viendo lo que no puedes controlar.